El Ministerio de Sanidad ha remitido el lunes 16 de noviembre de 2026 sendos requerimientos formales a los gobiernos autonómicos de Andalucía y Baleares para instarles a completar la creación del registro de médicos objetores de conciencia ante la interrupción voluntaria del embarazo. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dirigido estas comunicaciones a los consejeros de Salud de ambos territorios, Antonio Sanz y Manuela García, con el objetivo de que finalicen unos procedimientos que, según el departamento ministerial, permanecen paralizados desde hace meses.
La normativa vigente, concretamente la Ley Orgánica 1/2023, establece la obligatoriedad de que las comunidades autónomas dispongan de esta herramienta. El propósito fundamental del registro es facilitar a los centros hospitalarios la organización de sus servicios para asegurar que la prestación del aborto se garantice efectivamente en la sanidad pública. El Ministerio recalca que este compromiso fue refrendado por unanimidad en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el 16 de diciembre de 2024, donde se aprobó el protocolo específico para su implementación.
Desde las consejerías autonómicas han respondido a los requerimientos asegurando que los trámites administrativos siguen su curso. Fuentes de la Junta de Andalucía han señalado que el proyecto se encuentra «en trámite», mientras que desde el Gobierno balear han indicado que el proceso se ha desarrollado «con normalidad» y prevén que el texto pase por el Consejo de Gobierno en las próximas semanas. No obstante, los informes de la Alta Inspección del Estado reflejan una falta de avances significativos. En el caso andaluz, el proyecto de decreto se sometió a audiencia pública en marzo de 2025, mientras que en Baleares el trámite de información pública se realizó en febrero de 2026, sin que desde entonces se haya observado progreso alguno.
Contexto
La creación de estos registros es una pieza clave para la gestión de la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público. La falta de estas herramientas ha sido señalada por el Ministerio de Sanidad como un obstáculo para la organización interna de los hospitales. Andalucía y Baleares se suman a la Comunidad de Madrid, que mantiene una postura de negativa desde el inicio, situación que ha derivado en procesos judiciales. Datos correspondientes al balance de 2024 indican que tanto en Andalucía como en Madrid el porcentaje de abortos practicados en centros públicos se situó por debajo del 1%, una cifra que el Ministerio busca revertir mediante la correcta aplicación de la ley.
Claves
- El Ministerio de Sanidad exige el cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2023 y del acuerdo unánime del Consejo Interterritorial de diciembre de 2024.
- Los requerimientos formales buscan desbloquear la tramitación de los decretos autonómicos, estancados desde marzo de 2025 en Andalucía y febrero de 2026 en Baleares.
- La Alta Inspección ha constatado, mediante el seguimiento de boletines oficiales, que ninguna de las dos regiones ha desarrollado aún el registro de objetores.
- Las autoridades autonómicas defienden que los procedimientos administrativos siguen su curso habitual y descartan irregularidades.
Fuentes: Redacción Médica, Cadena SER, elDiario.es, El País
Elaborado con asistencia de IA a partir de las fuentes citadas.