Las diputaciones de Euskadi han acumulado una bolsa de recaudación extra de aproximadamente 700 millones de euros desde el año 2019 al mantener la deflactación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por debajo de la subida real del Índice de Precios de Consumo. Esta diferencia entre el incremento de los precios y el ajuste fiscal ha generado un debate sobre el impacto de la inflación en la factura fiscal de los contribuyentes vascos.
El salario y el poder adquisitivo se han situado en el centro de la actualidad económica debido a la escalada de los precios en productos básicos, energía y vivienda, que acumulan un encarecimiento superior al veinte por ciento. Ante esta situación, las calles de Euskadi y de otros puntos del país acogieron movilizaciones el miércoles 11 de noviembre de 2026 para exigir mejoras salariales que contrarresten la pérdida de capacidad de compra de los ciudadanos.
Sin embargo, el IPC no solo repercute en el consumo cotidiano de los hogares, sino que también afecta de manera directa a la fiscalidad. Para mitigar este efecto, las administraciones vascas disponen de la deflactación, un mecanismo destinado a trasladar el impacto de la inflación a los tramos de ingresos sobre los que se aplica el tributo. Su finalidad consiste en rebajar la carga impositiva y elevar el importe de las deducciones para evitar que los contribuyentes paguen más impuestos simplemente por el incremento nominal de sus retribuciones.
A pesar de que Euskadi ha sido un territorio pionero en el uso de esta herramienta dentro del Estado, la aplicación de la medida ha ido sistemáticamente por detrás de la evolución de la inflación. Las haciendas forales estiman que cada punto porcentual de deflactación provoca una merma aproximada de cincuenta millones de euros en la recaudación. Al no equiparar por completo el alivio fiscal con el encarecimiento de la vida, y tras periodos como los años 2020 y 2021 en los que no se aplicó el ajuste, se ha consolidado esa cifra de 700 millones en ingresos adicionales.
Contexto
La fiscalidad autonómica y foral en España cuenta con herramientas específicas para modular el impacto de los ciclos inflacionistas en las rentas de los ciudadanos. En el caso del País Vasco, el sistema de concierto económico otorga a las tres diputaciones forales la capacidad normativa sobre el IRPF. Desde la reforma tributaria aprobada en el año 2018, la gestión de los tramos impositivos ha estado sujeta a la evolución económica general, marcada en los últimos tiempos por crisis sucesivas que han disparado los costes energéticos y los bienes de primera necesidad.
Claves
- Las haciendas forales han recaudado cerca de 700 millones de euros desde 2019.
- El motivo de este incremento radica en que la deflactación del IRPF no ha igualado la subida del IPC.
- Los cálculos de las instituciones estiman una merma de 50 millones por cada punto de deflactación.
- En ejercicios como 2020 y 2021 no se aplicó ningún tipo de medida correctora en este impuesto.
Fuentes: Diario Vasco, El Correo
Elaborado con asistencia de IA a partir de las fuentes citadas.
